Newsletter subscribe

México, Política, Politics

Caravana de la Dignidad: Políticos de “Gómez Palacio” intolerantes

Posted: 26 enero, 2018 a las 10:14 am   /   by   /   comments (0)

Seguramente la alcaldesa de Gómez Palacio, Lety Herrera no midió el impacto que tendrá que en su municipio haya habido protestas que buscaron boicotear la llegada de la llamada “Caravana de la Dignidad, impulsada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral,



La manifestación cuenta con una cobertura de diversos medios de comunicación editados en la Ciudad de México, lo que seguramente habrán de la exponer a esa ciudad duranguense como un territorio carente de tolerancia, más cuando algunos manifestantes al grito de “puro PRI” irrumpieron y provocaron la conclusión adelantada de la rueda de prensa que se desarrolló en la plaza principal de Gómez Palacio, misma que era encabezada por Gustavo Madero y Emilio Alvarez Icaza.

La acción propició que en las redes sociales se lanzarán fuertes críticas de parte del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral en donde igual crítico al Gobernador de Durango, José Aispuro Torres que a la Secretaría de Gobernación pues presuntamente no lograron disuadir las acciones que grupos de priistas realizaron para intentar frenar el avance de la Caravana de la Dignidad.

No es remoto pensar que si es cuestionada de manera directa, la alcaldesa Herrera podrá deslindarse de los hechos y podrá argumentar que quienes se manifestaron lo realizaron bajo iniciativa propia, sin embargo en cuestiones políticas difícilmente ocurren sucesos de manera fortuita, no obstante siempre habrá un espacio en donde efectivamente la iniciativa de algunos espontáneos pueden entorpecer civilidad.

El Gobernador Corral trae una importante cobertura de medios nacionales y por momentos de parte de medios internacionales, lo que ha generado un gran impacto en el desarrollo de su marcha cuyo eje es el reclamo económico que hace el Gobierno de Chihuahua.

Ese reclamo tomó un giro pues el Gobierno de Chihuahua acusó a priistas destacados de haber realizado una triangulación de recursos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para financiar campañas electorales en 2016 y se aseguró que era una acción sistemática que se aplicó en varias entidades del país, precisamente en los diversos procesos electorales que se desarrollaron en 2016.

La versión de la triangulación fue un tema que se omitió en prácticamente todos los estados del país, en buena medida ante el temor de que la autoridad hacendaria retire los recursos como le ocurrió a Chihuahua, por lo que es hasta cierto punto es comprensible que la movilización chihuahuenses no tenga eco en otras entidades del país pues los ejecutivos estatales buscan cuidar su relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuál será el costo o beneficio que tendrá la acción que se desarrolló en Gómez Palacio?, aún es impredecible pues si bien para un sector duro del priismo, el enfrentar de es manera a una facción dura de la oposición es un acierto, aunque para los ojos de la opinión pública internacional exponer una situación de ese tipo nos hace vernos como si se tratara de una réplica de un gobierno tipo Venezuela.

Y mientras en la región laguna se vivió esa circunstancia en Durango volvió a retomarse el tema de las acusaciones contra el alcalde por la presunta promoción personal, en expedientes promovidos por el Partido Duranguense, que se puede suponer son alentados por el PRI ante la cercanía que tienen ambos partidos políticos.

El Presidente Municipal, José Ramón Enríquez Herrera insiste en rechazar que el Congreso del Estado puede emitir sanciones en su contra, ello pese a que el Tribunal Federal Electoral ha remitido al menos un par de expedientes a la Legislatura Estatal en donde su resolución se ha prolongado con el riesgo de que la mayoría priista pueda concluirlo justo cuando se inicie el proceso electoral.

Para el alcalde y sus asesores, el Congreso del Estado no es el superior jerárquico del municipio y por ello no puede ser sancionado, sin embargo seguramente de emitirse una sanción se abrirá un proceso jurídico para determinar si efectivamente procede lo que se determine entre los diputados.